LAS PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL

En el lenguaje cotidiano se acostumbra a decir “dame una prueba para que te crea”, “no tienes pruebas de lo que dices” y expresiones similares, y en las cuales se manifiesta la necesidad de un dato cierto de que lo que se afirma es verdad.

Ahora bien, en el ámbito jurídico, y más concretamente en el judicial, todo lo que se afirma tiene que ser apoyado por evidencias que acrediten la veracidad de los hechos que se sostienen como ciertos, llegando a situaciones que fuera del entorno judicial resultan extraños e incluso ridículos, como ocurrió con la petición del certificado de defunción del General Francisco Franco, por parte de un famoso juez, para avalar el hecho de la muerte del Jefe del Estado. Sin embargo, esa petición tenía todo el sentido en el entorno judicial en el que se pidió, pues para la constancia de los hechos deben exhibirse ante el Juez o Tribunal juzgador cuantos elementos sirvan para formar la certeza de los hechos y en base a ella la decisión judicial, o ratio decidendi, expresada en la sentencia.

Por tanto, las pruebas judiciales son los elementos que sirven para acreditar unos hechos sometidos a controversia entre dos partes, acusación y defensa, para que se tengan por ciertos por el juzgador, y así poder llegar a una conclusión, que se expresará en la sentencia, en el apartado de “Hechos probados”, y donde el Juez o Tribunal concretará los elementos que considera verídicos a tenor de las pruebas presentadas por las partes.

Tradicionalmente las pruebas judiciales se clasifican en: 

  • Pruebas testificales.
  • Pruebas periciales.
  • Pruebas documentales.
  • Pruebas por confesión.

 Y en la obtención de las pruebas, que se realiza en la fase de instrucción, tiene un papel preponderante la Policía Judicial, como encargada de investigar la acción delictiva, realizando las diligencias de averiguación e indagación de los hechos, siguiendo cuantos indicios y pistas aparezcan para aclarar y determinar como sucedieron los acontecimientos objeto de la investigación.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la acción de la Policía Judicial en la obtención de pruebas, se realiza en la fase de instrucción del proceso penal, por lo cual, esas pruebas deben poder presentarse ante el Juez o Tribunal en el momento del juicio oral, lo que se llama principio de inmediación, y si esas pruebas no pueden estar disponibles o se modifica su contenido en el momento del juicio quedan desvirtuadas y no podrán ser tenidas en cuenta por el órgano judicial ante el que se celebra el plenario (juicio oral).

Por ello, en la actualidad toda investigación policial trata de obtener pruebas materiales o de convicción, bien sean informes de peritos, generalmente emitidos por funcionarios de Policía Científica, bien sean pruebas contenidas en documentos oficiales que dan fe de lo en ellos contenido, escrituras públicas, contratos, u otros similares, o hechos objetivos constatados y no sometidos a interpretación, tal como cuando un testigo señala donde se deshizo el reo del arma y efectivamente la policía la localiza en ese lugar.

Las pruebas testificales y por confesión del reo, obtenidas en la fase instructora, bien ante el Juez de Instrucción o ante los funcionarios de Policía Judicial, si bien tienen su valor, han perdido parte de su utilidad ya que en múltiples ocasiones, cuando llega el momento de ratificarlas en el juicio oral los testigos o el reo se desdicen de lo anteriormente declarado y por tanto la prueba desaparece y no se puede basar en ella la sentencia.

 También es importante señalar que las pruebas obtenidas de forma ilegítima o violando los derechos de las personas son nulas de pleno derecho, y no solo no pueden ser tenidas en cuenta, sino que pueden dar lugar a la anulación de todo el proceso, así como la posible responsabilidad criminal de quienes la obtuvieron y de quienes, con conocimiento de su ilicitud, traten de valerse de las mismas.

Tampoco hay que ignorar que en España rige el principio de “libre valoración de la prueba” por parte de los Jueces y Tribunales que juzgan un ilícito penal, por lo cual puede ocurrir que una prueba presentada por cualquiera de las partes que en apariencia tenga un peso capital para la causa, el juzgador la valore con otro criterio, que minimice su importancia. Por ello las partes, aportan cuantas pruebas puedan tener un valor en la formación de la convicción del órgano judicial en el sentido que cada parte sostiene. 

En cuanto a la diligencia de inspección ocular decir que es una de las actividades de Policía Científica donde más pruebas materiales se recogen, procediendo posteriormente a su análisis y elaboración del correspondiente informe pericial para su utilización en el Juicio y así aportar más elementos objetivos al juzgador.

Y por último, la prueba preconstituida o anticipada, es la que se realiza ante el Juez de Instrucción, antes del Juicio y que lo que persigue es que, cuando la víctima o testigo no puedan comparecer en la fecha de celebración del Juicio Oral, esa prueba obtenida con antelación, sirva como si se hubiera realizado ante el Juez o Tribunal que juzga los hechos y, por tanto, tenga el mismo valor probatorio que el resto de pruebas presentadas en la Sala de vistas.

Y en cuanto a la presentación de pruebas, si bien ambas partes se afanan por presentar cuantas puedan que avalen su posición, en aplicación del principio de presunción de inocencia de nuestra Constitución (art. 24.2), es la parte acusadora la que debe probar la responsabilidad del acusado de los hechos que le imputa, sin perjuicio de que la parte defensora aporte las pruebas que puedan demostrar la inocencia del encausado o las que desvirtúen las presentadas en su contra.

Infórmate Academia Marsán